Cuatro de los cinco gremios aeronáuticos decidieron responder al Gobierno su decisión de declarar «esencial» al transporte aéreo con un apriete contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
A través de un comunicado, le dieron a entender al funcionario que depende del Ministerio de Capital Humano que le iniciarán acciones penales a él en particular si avanza con la reglamentación del artículo del DNU 70 que declara a los servicios aerocomerciales como esenciales.
«En el caso del secretario de Trabajo, se suman algunos elementos del riesgo en que incurriría de poner su firma en actos de la mencionada ilegalidad«, dice el comunicado firmado por los gremios APLA (pilotos), AAA (aeronavegantes), UPSA (personal superior) y APA (personal de tierra).
El quinto de los gremios aeronáuticos, APTA (técnicos aeronáuticos) no firmó el comunicado y tampoco viene participando de las asambleas y paros de la última quincena de agosto y del último viernes.
En paralelo, desde el Gobierno se están estudiando alternativas para privatizar Aerolíneas, cuya venta formaba parte del proyecto inicial de la Ley Bases pero fue retirada como parte de la negociación con legisladores de la oposición para conseguir la aprobación de la norma.
La idea de privatizar Aerolíneas es, sobre todo, política. Desde el Gobierno decidieron avanzar con la venta de sus acciones, si bien no hay compradores a la vista. Pero dos fuentes oficiales confirmaron a Clarín que la decisión es «explorar alternativas» para privatizar la empresa, la cual desde su estatización en julio de 2008 demandó al Estado alrededor una cifra acumulada de subsidios por alrededor de 10.000 millones de dólares.
Las escasas partidas presupuestarias (en comparación a años anteriores) que viene recibiendo Aerolíneas este año son autorizadas directamente desde el Ministerio de Economía, sin intervención de otros organismos. Y una eventual privatización de la línea aérea estatal también dependería exclusivamente de la cartera que encabeza Luis Caputo, que a fines de agosto creó la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
«La idea es privatizarla, pero todavía no fue definido cómo se hará«, dijo una de las fuentes oficiales.
La creciente conflictividad con los gremios aeronáuticos, que en nueve meses del gobierno de Milei ya concretaron más paros que en los cuatro años del gobierno anterior, gira en este momento en torno a la pauta salarial de Aerolíneas Argentinas: los gremios reclaman una recomposición salarial de entre 25% y 70%, mientras la empresa ofreció 11%.
Pero los gremios, en su comunicado de este lunes, cuestionaron la totalidad de la política aerocomercial del Gobierno, que está basada en el DNU 70, al cual calificaron de «ilegal».
En ese sentido, se basaron en que la Cámara del Trabajo dio lugar en enero al capítulo del DNU referido a la Reforma Laboral. Lo cierto es que la declaración de servicio «esencial» para la actividad aerocomercial forma parte de otro capítulo del DNU, el cual no fue invalidado por la Justicia y sigue vigente, pero pendiente de reglamentación.
Y en ese punto fue donde los gremios apuntaron directo contra el secretario de Trabajo Julio Cordero, un abogado que durante 35 años trabajó como representante legal del Grupo Techint.
Tras señalar que Cordero «ha sido representante del sector empleador» ante la OIT y también integrante de la Comisión de Garantías que debería regular el servicio esencial, los gremialistas le advirtieron que le cabrían «imputaciones» por «la ilegalidad y el delito» del cual lo acusarían en caso de que firme la reglamentación que limitaría los paros aeronáuticos.