Mientras todos los agricultores argentinos miran con inquietud las cotizaciones bajistas de los granos, particularmente de la soja, en el mercado internacional de Chicago, e insisten con el reclamo para que el Estado nacional reduzca la presión fiscal simbolizadas en las retenciones a la soja, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof no tuvo mejor idea que dejar rodar la intención de intervenir un 30% del puerto de Quequén, cuya concesión de gestión privada vence en noviembre.
La posibilidad de que se genere una intromisión estatal en una operatoria privada que funciona bien ya fue expresamente criticada por la sociedad argentina, con el caso de la agroexportadora Vicentin, con millones de personas que -más allá de su vinculación con lo rural- salieron a plazas y avenidas de todo el país para decirle a Alberto Fernández (cuando su imagen era altamente positiva) que “la política” debe meterse lo menos posible con la economía, por más que la excusa sea la “soberanía alimentaria”.
Las 4 entidades de la mesa de enlace bonaerense rechazaron la iniciativa. También se expresaron en contra entidades rurales locales de la región que opera con ese puerto (que concentra el 7% de los embarques de granos argentinos), como también el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins y los agroexportadores.
La Mesa de Enlace Regional consideró que la dilación de un nuevo llamado licitatorio por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires” es por “el propósito de conformar una renovada Junta Provincial de Granos” y sugirieron “al señor gobernador que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”.
En el campo creen que falta mucho por hacer. Por ejemplo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, afirmó que “el peor daño al Gobierno sería decirle que está todo bien y que desperdicie esta oportunidad histórica”.
Y la Fundación Barbechando puntualizó que la agenda del campo en el Congreso continúa en pausa y alertó sobre la falta de avances en temas cruciales para el sector, como las retenciones, los warrants y las emergencias agropecuarias, entre otros temas que aún no logran posicionarse entre las prioridades legislativas.
En el acto por el 170° aniversario de la BCBA, que inauguró una histórica reforma edilicia de su recinto de operaciones, Martins abogó por “trabajar juntos para crear un entorno económico que favorezca el crecimiento sostenible y la competitividad de nuestra agroindustria”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, apoyó con su presencia y si bien volvió a decir que no hay fecha prevista para una reducción de las retenciones, destacó que «lo importante es el rumbo» y fue tratado con cordial simpatía por la amplia representatividad agroindustrial presente.
Incluso mucho más dialoguista se mostró el secretario Juan Pazo, que se reunió informalmente con tres representantes de la Mesa de Enlace (Castagnani, Elbio Laucirica –Coninagro- y Elvio Guía –Federación Agraria).
Un día después, Pazo, en nombre del Gobierno nacional y a través del banco público BICE presentó dos nuevas líneas de créditos pagaderos en toneladas de soja para promover la tecnificación y competitividad de la agroindustria. Es una iniciativa inédita, que podrá replicarse en todas las entidades financieras.
Permite a los productores abonar en pesos sobre una cantidad de producto mensual fija según el precio de referencia al momento del pago, para brindar previsibilidad y fortalecer el desarrollo de inversiones estratégicas con alto potencial exportador.
En ese sentido, pese a que el Gobierno no afloja con el aspecto estructural más importante en la relación con el campo, la presión fiscal vía retenciones que viene castigando a esta actividad desde hace año, mucho más que a los demás sectores de la economía, en el campo se respira otro aire. Es «el rumbo, estúpido”, podría decirse alterando la máxima inmortalizada por Bill Clinton. La economía es central, claro, pero en el país más loco del mundo (dixit Tato Young), que se ofrezca un horizonte después de tantas “complicaciones”, se vive como un soplo de aire fresco, que apuntala la paciencia.
Es lo que expresa el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA-CREA) se encuentra en sus máximos valores desde 2017 tras mostrar su segundo incremento consecutivo en la medición trimestral de julio.
Según el análisis de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el 27% de los consultados cree que es un buen momento para invertir, en niveles que casi duplican al 14% registrado en marzo.