En la última semana, llegó la notificación de la justicia porteña que resolvió archivar la causa contra quienes se manifestaron el 20 de diciembre de 2023.
La resolución
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la resolución de la fiscal Andrea Verónica Scanga, decidió archivar la causa generada ante la primera movilización durante la gestión de Milei, que derrotó el protocolo contra la protesta de Patricia Bullrich.
La causa investigaba la obstrucción del tránsito, persiguiendo a militantes políticos que se habían manifestado en aquella ocasión, entre ellos al dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart, quien manifestó ante dicha fiscalía en mayo del año pasado, que se encontraba ejerciendo su derecho democrático y constitucional de manifestarse. Además, señaló que la movilización de aquel día se realiza en conmemoración todos los años desde 2001.
La Justicia hizo una “revaloración de la prueba en la cual se basa la hipótesis fiscal”, ya que se trataba de recortes de programas televisivos, y entendió que la movilización “fue anunciada con anterioridad a su realización, circunstancia que fue de público conocimiento. Por lo tanto, se realizó un operativo policial en el marco del cual se desvió el tránsito a raíz de la movilización, y se comunicaron en los medios oficiales los cortes programados de las calles en cuestión, a fin de garantizar la efectiva circulación del tránsito”.
En la resolución se cita el artículo 90 del Código Contravencional, que establece que “quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de ochenta y una (81) a cuatrocientas seis (406) unidades fijas”. Y dice que “El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención”.
Por lo tanto, se sostiene que “el ejercicio de los derechos constitucionales no configura la contravención en estudio, máxime cuando su realización fue planificada y anunciada con la antelación suficiente”.
Este gobierno tiene como una de sus prioridades la represión y persecución de los manifestantes, pasando por alto derechos constitucionales que amparan a quienes protestan. Esta resolución, que aún puede ser apelada, contradice la lógica que lleva adelante en cada movilización la gestión libertaria. Y muestra, al igual que con las detenciones y acusaciones a los manifestantes del 12 de junio contra la Ley Bases, como se caen las causas armadas por Bullrich. Protestar no es delito y el pueblo demostró que pese a los intentos de amedrentamiento y estás causas armadas contra quienes se manifiestan, va a seguir respondiendo en las calles.