El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya es una realidad y la Argentina hizo un ajuste fiscal más fuerte que el que pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el riesgo país no baja y se sigue demorando la llegada de dólares a escala masiva.
El índice elaborado por el JP Morgan cerró la semana en 1.558 puntos básicos, aunque llegó a 1.729 puntos el lunes. En abril cayó a un mínimo de 1.148 puntos, seis meses después de que en octubre 2023 superara los 2.700 puntos. Todas esas cifras reflejan las dudas sobre la capacidad de repago de la deuda argentina y dejan casi sin financiamiento también a las empresas que operan en el país.
A partir del RIGI, el gobierno de Javier Milei espera desembolsos de las empresas por más de US$ 50.000 millones en los próximos 8 años, mayoritariamente de la energía. La minería también será motor de las inversiones, así como la economía del conocimiento y la tecnología aplicada al sector agropecuario.
Pero entre los anuncios y la concreción, hay un largo camino. Como el dilema del huevo o la gallina: ¿Las inversiones llegarán después de que se liberen los controles de capitales –cepo al dólar– o, por el contrario, las divisas que aporten las multinacionales ayudarán a levantar las restricciones cambiarias? ¿El RIGI es una salida del cepo a medida y es suficiente?
¿Las inversiones llegan antes que el fin del cepo?
La «inversión más grande de la historia» argentina será el proyecto «Argentina LNG», para desarrollar el gas licuado en el país, con YPF y Petronas a la cabeza. Aunque eligieron a Río Negro como destino, los 30.000 a 50.000 millones de dólares que se requerirán en el proceso todavía están lejos de llegar: la decisión final de inversión (FDI, por sus siglas en inglés) se tomará entre el segundo semestre de 2025 y el año 2026.
Para ese momento, la Argentina ya debería haber ido hacia una unificación cambiaria, según la hoja de ruta pactada con el FMI, y las elecciones legislativas de octubre 2025 confirmarán o sembrarán dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del proyecto político de Milei y La Libertad Avanza (LLA).
El economista Dante Sica, socio fundador de la consultora Abeceb y ex ministro de Producción y Trabajo (2018-2019) piensa que «el RIGI es más importante de lo que pensamos» para las empresas.
«El aliado más importante de un proceso de recuperación económica es la inversión privada, más que el consumo. La decisión de YPF va a traccionar a todo el resto de las empresas a hacer fuertes desembolsos solo para la producción del gas, pero esas inversiones llevan tiempo y genera estrés en la capacidad de conseguir mano de obra, logística e infraestructura», apunta.
Para Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería (2015-2018), si alguien toma la decisión de invertir miles de millones de dólares en la Argentina, «el riesgo país va a bajar y se generará un ciclo virtuoso«, algo en lo que coincide Sica.
Con todo, el RIGI no está aún reglamentado y las petroleras están en la pelea para que también la perforación de pozos y la producción de petróleo y gas obtengan los beneficios, algo a lo que se niega el Gobierno, porque sostiene que igualmente esas inversiones se harían sin RIGI.
Por caso, el Oleoducto Vaca Muerta Sur avanzará con una inversión de US$ 2.500 millones para evacuar la producción de petróleo crudo y destrabar cuellos de botella. El shale oil es híper rentable y ahí fluirán los dólares sin complicaciones.
El resto es una incógnita. Por ejemplo, Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció inversiones por US$ 700 millones para ampliar la red de gasoductos, sujeto a que el Gobierno convoque a un concurso público de interés.
Una ejecutiva de una multinacional top lo plantea en estos términos: «Nuestra casa matriz solo va a ampliar las inversiones cuando estemos seguros de que se van a poder girar todos los dividendos«.
En la minería, en tanto, 8 empresas quieren poner unos US$ 9.000 millones solo en Salta, para proyectos de litio y cobre. Por ahora, solo anuncios.