El empleo público pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda de Federico Sturzenegger. Pocas semanas después de la oficialización de su desembarco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado avanza en varios proyectos que modifican las condiciones de trabajo en el Estado, entre ellos un régimen de subsidios de hasta 12 meses para que las empresas privadas contraten a aquellos empleados sin funciones a partir de la eliminación o fusión de unos 60 organismos.
El ideólogo de la Ley Bases busca aprovechar la delegación de facultades que la norma le confirió al Ejecutivo por 12 meses. Esos poderes le permiten eliminar estructuras del organigrama estatal sin pasar por el Congreso, con excepción de un listado. Y avanzar sobre la planta permanente, con el pase a disponibilidad del personal afectado por la restructuración o la reducción de órganos por encontrarse excedida la dotación «óptima necesaria», tal como lo informó Clarín en mayo pasado.
Según la normativa, los empleados que no sean reubicados deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado, con goce de sueldo. Y una vez cumplidos los 12 meses, si el trabajador no formalizó una nueva relación laboral, será desvinculado e indemnizado. La nueva pata del plan de «racionalización» contempla la reubicación voluntaria del personal disponible en el sector privado mediante un régimen de «incentivos», aunque no será inmediato.
“Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿Qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: “Probame». Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó el extitular del Banco Central esta semana en una entrevista con Radio Mitre.
En las últimas horas, el gremio ATE advirtió que el ministro busca eliminar organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.
La iniciativa forma parte de la agenda del Consejo de Mayo que busca reglamentar la reforma laboral y reinstalar el capítulo laboral del DNU 70, frenado en la Justicia por un amparo de la CGT. «Estamos analizando como hacer para que el sector público pueda tener personas que puedan pasar al sector privado de una manera adecuada, la mesa del diálogo tiene que ver también con esto», confirmó un funcionario.
En el pasado, ya hubo experimentos, aunque fuera del sector público. En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri lanzó un Programa de Transformación Productiva (PTP) con subsidios a empresas para traspasar trabajadores de plantas bajo «reconversión» a empresas en expansión. Y durante la gestión de Alberto Fernández se implementaron dos programas de «Puente al Empleo” para que el sector privado contrate beneficiarios de planes sociales. En ambos casos, los resultados fueron decepcionantes.
El principal desafío que enfrenta el proyecto oficial es la fuerte recesión inducida por el plan de ajuste, que disminuyó la inflación, pero también frenó las contrataciones. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre noviembre y marzo se perdieron 126.000 puestos de trabajo asalariado registrado, entre privados (95.000), públicos (22.000) y casas particulares (9.000).
«No creo que haya habido antecedentes en Argentina, pero hay experiencia de subsidios al empleo a empresas si contratan algunos grupos de personas (desempleados, no registrados). En general no tienen muchos efectos en generar empleo agregado, lo que suelen hacer es que las empresas ya tenían pensado contratar trabajadores,decidan optar por contratar a aquellos con subsidio», señaló Luis Beccaria, extitular del INDEC y economista de la UBA.
Sturzenegger también busca implementar un examen adicional de ingreso a la administración pública. La Ley N° 25.164 Marco de Empleo Público establece para el ingreso a la carrera administrativa la acreditación de condiciones de conducta e idoneidad, que se verifican mediante regímenes de selección bajo el principio de igualdad de oportunidades y trato, publicidad y transparencia. Pero el funcionario cree que el régimen de concursos «no sirvió para filtrar».
Los cambios apuntarían a esquivar el control y participación gremial, siguiendo el modelo que aplicó al frente del Banco Ciudad entre 2013 y 2015. En charlas con empresarios, el economista se jacta de haber dispuesto un proceso de selección similar al de las empresas privadas, con avisos en diarios, en el que se priorizaron los «mejores promedios» y se terminó con el ingreso de familiares. «Si pudiéramos hacer lo mismo en el sistema público, escaparíamos de los ñoquis», dijo en mayo.