Como parte de la estrategia que utiliza el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Donald Trump en Estados Unidos, las autoridades impulsaron el uso de un recurso que busca un control estricto de la frontera. Tanto en Texas como en otros estados, acusan a los inmigrantes que ingresan ilegalmente de invadir propiedad militar. A pesar del mandato oficial, mayoría de estos casos luego quedan desestimados.
La medida se enmarca dentro de la estrategia general de la administración Trump contra quienes llegan al país norteamericano de manera irregular. En ese sentido, el DOJ ordenó a los fiscales que acusen a los extranjeros indocumentados de “invasión de propiedad militar” cuando crucen la frontera.
Para esto, el gobierno federal dispuso amplias franjas de terreno en Texas y Nuevo México como “áreas de defensa nacional“, según The Texas Tribune. Esto transfiere el control de esos terrenos a la autoridad militar, por lo que la administración Trump puede manejar las detenciones y presentar las acusaciones en la Justicia.
A pesar de que las autoridades del DOJ, bajo el mandato de Pam Bondi, aseguran que este enfoque sirve para disuadir los cruces ilegales y la actividad de carteles de droga, en el ámbito judicial las acusaciones no suelen prosperar.
De acuerdo con el medio, para llevar a cabo estas presentaciones hay una fuerte presión del DOJ sobre los fiscales. La entidad federal les indica a los funcionarios que procedan con este tipo de casos, incluso si no cuentan con las pruebas necesarias.
Bajo amenaza de despido u otras represalias, muchos fiscales llevan adelante estos casos contra migrantes sin estar convencidos. En audiencias, algunos incluso admitieron que no tenían pruebas suficientes, pero que el DOJ les ordenaba seguir con la acusación.
Uno de los recursos más usados es el Information, que funciona como una acusación formal que realiza la fiscalía para dar inicio al proceso penal, según la Facultad de Derecho de Cornell.
Esta presentación fue ampliamente utilizada luego de que jueces descartaron casos en primera instancia por falta de causa probable. Cifras oficiales indican que en Nuevo México se intentaron reflotar al menos 1600 acusaciones mediante este recurso legal.
Según cifras que citó The Texas Tribune, desde abril del 2025 se presentaron al menos 4700 acusaciones contra migrantes por invadir propiedad militar al cruzar la frontera. Sin embargo, el 60% de esos casos ya fueron retirados o desestimados y varios otros podrían seguir ese mismo camino.
El mayor obstáculo legal para el DOJ es demostrar la intencionalidad y que los migrantes tenían conocimiento de que entraron a un área restringida. La falla en este punto se debe especialmente a la señalización.
Aunque la administración Trump asegura que las áreas militares están correctamente señalizadas, hubo casos de detenciones a más de 20 millas (32 kilómetros) de un cartel. Eso, sumado a la limitación del idioma en muchos migrantes, hace difícil probar una intención de los extranjeros en la supuesta invasión de propiedad militar.