Susana Mónica Pintos tiene 64 años y más de un tercio de su vida lo pasó desfilando por juzgados, golpeando puertas, estudiando expedientes y batallando para que algún juez investigue la confusa muerte de su hijo durante un cambio de guardia en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en la ciudad de Apóstoles, Misiones. Mauro José Francisco Ramírez era soldado voluntario, tenía 22 años y una vida llena de proyectos cuando una bala de un fusil FAL le atravesó el corazón en una fría mañana del 26 de junio de 2003.
Recientemente, la Cámara de Casación Penal anuló la decisión de un juez federal de Misiones que se opuso a indagar a un suboficial y un soldado que hasta ahora aparecen como testigos del caso, pero que para la familia de Ramírez saben mucho más de lo que revelaron hasta ahora.
Susana sospecha que a su hijo lo mataron porque estaba por revelar irregularidades en el cuartel que está en el extremo sur de Misiones. Algo le había insinuado en su último viaje a Barranqueras, de donde era oriundo.
“Otra de las hipótesis que se maneja es la de un disparo accidental por parte del soldado Eduardo Jeremías Brevel al comprobar que el fusil calibre 7.65 no tuviera un proyectil en la recámara, para cumplir una orden del suboficial Ovidio Francisco Almeida, que realizaba el cambio de guardia”, cuenta Susana desde Chaco.
José Antonio Reyes, por entonces juez de Instrucción de Apóstoles, se hizo cargo del caso pese a que debía intervenir la Justicia Federal. Al magistrado, que fue eyectado de su sillón cuatro años después, le llevó tres meses archivar la causa tras encuadrar el caso en la figura del suicidio.
“Esa noche mi hijo escribió dos cartas, las colocó en sobres diferentes y guardó en su cofre. Nunca pudimos saber qué decían ni a quien iban dirigidas porque el juez Reyes las llevó pero no aparecen en el expediente”, dice Susana y agrega: “Un capitán me contó que lo vio escribir entre las 23 y la 1”,
Susana, que es docente pero a fuerza de necesidad se convirtió en una analista experta en tediosos expedientes judiciales y criminalista, asegura que es imposible que Mauro se haya quitado la vida. “Ese día lo vieron llevar al puesto de guardia mate, su walkman y los CD con su música preferida. Él estaba planificando casarse y estaba por alquilar una casa en Apóstoles. ¿Qué persona llena de proyectos se quita la vida?”, se pregunta Susana.
La pericia balística le da la razón. Los especialistas determinaron que el disparo se produjo a una distancia no menor a 25 centímetros del cuerpo de Mauro. El proyectil ingresó por su pecho y tuvo un recorrido descendente. ¿Estaba arrodillado cuando fue baleado? Casi 23 años después esa pregunta sigue sin respuesta y desvela a Susana.
“El 25 de junio a la noche estuvieron en mi casa los padres de la novia de Mauro. Hablamos de viajar en el mes de julio para ver la casa donde iban a vivir en Apóstoles”, rememora Susana. El joven soldado había visitado unas semanas antes a su familia. “Esa vez me contó que le hacían la vida imposible en el cuartel. Él había llegado en marzo, después de intercambiar lugar con otro chico que quería volver a Resistencia. Esa vez me dijo que no me podía contar más, pero que si le pasaba algo, no les creyera nada (al Ejército). Yo le dije que buscara hablar con algún jefe, que le estaban haciendo pagar el derecho de piso porque era nuevo en el cuartel”, recuerda.
Susana relata que el 26 de junio ella se estaba preparando para ir a la escuela cuando las 12.45 se estacionó un patrullero de la Policía de Chaco frente a su casa: «Un oficial me dijo que tenía que ir a la comisaría para esperar un llamado del Regimiento de Apóstoles. Me llamó la atención, pero como mi hijo había llevado su moto, pensé que se había olvidado los documentos”.
Cuando llegó a la comisaría de Barranqueras notó un clima extraño, los policías la observaban y después de varios minutos de espera la comunicaron con un teniente coronel de apellido Torres. «Me dijo que mi hijo había sufrido un accidente, que tenía que viajar urgente, que busque la forma de hacerlo”, dice.
Desesperada, Susana fue hasta la Base de Apoyo Logístico del Ejército, pero se negaron a proporcionarle movilidad. “Un militar que era catequista y conocía a mis hijos se ofreció a llevarme”, cuenta.
La mujer afirma que en ningún momento le dejaron reconocer el cuerpo de su hijo; “El comisario Orlando Bazán me presionó para que firmara el reconocimiento en la comisaría. Me dijo que si no lo hacía iba a quedar detenida, que no iba a poder sepultar a Mauro”.
La autopsia de Mauro se hizo en Posadas. “Pusieron dos soldados armados en la puerta para que no entre. A mi hijo lo sacaron de ahí en un cajón y me dijeron que debía notificar el fallecimiento en el Registro de las Personas de Chaco”, agrega.
Con el paso del tiempo, Susana tomó conciencia de algunos comportamientos extraños de los militares. “Mientras estuve en Apóstoles, evitaron que pudiera hablar con los otros soldados. Tenía una vigilancia constante”, revela.
A través de una diputada chaqueña, la mujer pidió que el caso pasara a la Justicia Federal, pero el juez Reyes se opuso. Un año después la Corte dispuso que todo el expediente fuera girado al Juzgado Federal de Posadas. Allí el camino tampoco fue sencillo: el caso fue archivado y después de una larga batalla judicial lograron que se retomara la investigación.
¿Hubo violencia institucional?
Hace algunas semanas, en un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se avance con la indagatoria de los militares señalados por la querella. El juez Alejandro Slokar sostuvo que “se ha soslayado tomar en especial consideración y de manera correlacionada, diversas circunstancias que -analizadas en conjunto- permiten encuadrar prima facie la hipótesis delictiva en un supuesto de violencia institucional”.
Para este magistrado, el juez de Apóstoles mantenía una amistad con el jefe del Regimiento y el comisario que fue designado para instruir el sumario policial tras la muerte de Ramírez. Y que esa situación “pone en seria crisis la imparcialidad con la que se condujo la investigación en sus albores, un momento crucial para el aseguramiento de la prueba”.
Esta postura fue compartida por el juez Carlos Mahiques, mientras que Diego Barroetaveña se pronunció por rechazar el recurso por considerar que se trataba de una mera discrepancia con lo resuelto por el juez de primera instancia.
Para Susana, la resolución de Casación les devuelve «la esperanza de que se siga investigando» y se pueda saber qué pasó con su hijo.
A casi 23 años, en Barranqueras, una madre, un hermano y una abuela lloran la ausencia de Mauro. Y una novia que nunca pudo reconstruir su vida sufre en silencio una ausencia que no logra superar.
AA