Antes de que Javier Milei dijera en Córdoba que la grabación de Diego Spagnuolo hablando sobre una presunta estructura de sobornos en la Agencia de Discapacidad esta hecha con «inteligencia artificial», la droguería Suizo Argentina -que busca la nulidad de la causa judicial- presentó un escrito pidiendo la «urgente pericia» del audio «para determinar autenticidad del material auditivo y de la voz», entre otros aspectos consignados en el planteo.
Con el levantamiento del secreto de sumario después de veinte días hábiles, el fiscal federal Franco Picardi resolvió incorporar la grabación que se filtró en los medios de comunicación y en la que Spagnuolo, ex titular de la ANDIS hacía referencia a un presunto esquema de coimas de la que habría participado la droguería de la familia Kovalivker.
Junto a esa grabación que la defensa de la empresa cuestionó, se incorporaron al expediente otro conjunto de audios, todos ellos con conversaciones que supuestamente protagoniza el ex titular de la ANDIS.
Lo primero que había consignado la defensa de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, y también de su padre Eduardo, a cargo de Martín Magram, es que la causa penal se inició con un ilícito, es decir, a parir de una grabación obtenida de manera ilegal y que violaba el derecho a la intimidad de Diego Spagnuolo.
En función de ese argumento, Magram pidió la nulidad de la investigación, algo a lo que la querella de la ONG Poder Ciudadano se opuso. Resta conocer la opinión del fiscal Picardi, a quien el juez Sebastián Casanello le corrió vista la semana pasada.
Mientras ese incidente tramita de forma paralela a la causa central que se concentra en los presuntos hechos de corrupción, la defensa de la droguería Suizo Argentina -bajo sospecha de haber sido favorecida con contratos por $ 55.000 millones durante el último año y medio, a cambio del pago de coimas- pidió una pericia sobre la grabación inicial.
En el escrito al que accedió Clarín, se habla de los «supuestos audios de un ex funcionario a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, señor Diego Spagnuolo, y con motivo de desconocer esta defensa el origen y la legitimidad de la mentada pieza documental que estaría incorporada al expediente», solicitó la pericia del audio, se requiere «de forma urgente, una amplia pericia sobre dicho soporte».
Para dar cumplimiento con esa medida, el abogado defensor pidió que la fiscalía remita cualquier soporte de audio a la División de Servicios Audiovisuales, a la División Análisis Tecnológico del Delito de la Policía Federal Argentina o a la Sección Acústica Forense de dicha fuerza o de Gendarmería Nacional.
La medida tiene como objeto «establecer la autenticidad del material auditivo, con la autenticación biométrica de voz: cotejo con la voz del supuesto emisor utilizando parámetros fonéticos y biométricos, también si el mismo muestra síntomas de adulteración o edición«.
La defensa quiere saber si en la grabación de Spagnuolo «se observan faltantes o agregados de fragmentos sonoros, si la secuencia de sonido es lógica en la línea temporal que la conforma». También se solicitó que se aclare si «le falta un tramo en el inicio, al final o en cualquier parte del tramo sonoro».
Los últimos tres puntos del petitorio refieren a la necesidad de analizar la «presencia de ruidos de fondo y ambiente sonoro: estudio de continuidad del ambiente, presencia de cortes abruptos, incongruencias en reverberación o fondo ambiental. Posible identificación de locación».
Finalmente, se requirió un «análisis espectrográfico: comparación de huellas espectrales para detectar cortes, solapamientos interpolaciones no naturales, todo otro dato de interés vinculado al material auditivo».
El escrito del abogado Magram recuerda que la Sección Acústica Forense de la policía tiene como misión principal «realizar pericias tendientes a la identificación y autenticación de voces, mediante la realización de estudios analíticos comparativos, empleando para tal fin las plataformas de sistemas computarizados forenses de identificación».
Junto con ese objetivo, se persigue la determinación «de la presencia o no de ediciones o adulteración en cualquier material de audio, tanto como mejorar mediante procesos de filtrado, la calidad de registros sonoros de cualquier archivo donde el habla sea inteligible».
La grabación cuestionada fue el puntapié inicial de la investigación. Para la fiscalía, el presunto circuito de coimas surge a raíz de la “participación en procesos de compra o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios públicos”. Según la última precisión del objeto procesal, se sospecha de que más de una droguería podría estar involucrada en las maniobras sospechosas.
En el programa Incluir Salud de la ANDIS, el más importante para la provisión de medicamentos, intervienen 58 droguerías. El 22% de la compras se concentra en Suizo Argentina, y el porcentaje restante se distribuye entre las demás proveedoras.