Este jueves finalizó el secreto de sumario que rigió sobre la causa por presuntos hechos de corrupción que tuvo su inició con la divulgación de las conversaciones de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad. Aquellos audios hacían referencia a un supuesto circuito de coimas que investiga el fiscal federal Franco Picardi. A la fecha no hay imputaciones individualizadas pero se detectaron “irregularidades administrativas” alrededor de los contratos bajo estudio. Además se intimó al ex funcionario a que en tres días designe abogado.
Cuando el expediente penal se abrió por determinación de la fiscalía, se entendió que las grabaciones que tomaron estado público donde se escucha al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revestían el suficiente grado de sospecha.
La premisa inicial sostenía la posible existencia de una mecánica de recaudación: la droguería Suizo Argentina sería canal obligado para materializar los pagos ilegales a los funcionarios.
En su momento, Picardi había entendido que existía “sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción que involucrarían a determinadas dependencias de la Administración Pública Nacional -en particular a la Agencia Nacional de Discapacidad- y la droguería Suizo Argentina”.
En otras palabras, el objeto procesal de la investigación, cuando se abrió la causa, se circunscribió a determinar si existieron pagos indebidos “relacionados a mantener, sostener o promover determinadas concesiones a dicha empresa para comercializar medicamentos”.
Para comprobar su hipótesis, el fiscal realizó allanamientos, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los dueños de la droguería, Spagnuolo y su segundo en la ANDIS, secuestró y abrió celulares, y mantiene bajo resguardo dinero hallado en operativos.
Picardi abrió la investigación de una denuncia formulada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, quien pedía averiguar la posible existencia de un «presunto pago de coimas». Con el devenir de la investigación, ese objeto procesal se amplió. La fiscalía sumó elementos de prueba, ahondó en varias medidas de índole contable y continúa analizando contratos multimillonarios con la empresa farmacéutica.
Bajo estudio se encuentran las compras que la ANDIS realizó a la droguería de la familia Kovalivker. En la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, hay más de 600 contratos analizándose.
Con el levantamiento del secreto de sumario, según pudo saber Clarín, por ahora la fiscalía detectó “irregularidades administrativas”.
¿Se habla de sobreprecios en ese aspecto? Fuentes judiciales indicaron a este medio que aún es “prematuro” arribar a dicha conclusión. Sí, se dio con cuestiones “que llamaron la atención” en cuanto al circuito administrativo que derivaba en la contratación de la droguería de la familia Kovalivker.
Fuentes allegadas a la investigación indicaron a Clarín que «todavía no se tomaron decisiones en relación a imputaciones”. La causa lleva abierta un mes, y en tribunales creen que los delitos bajo estudio son complejos de determinar.
Sin embargo, la fiscalía tiene un claro objeto procesal, es decir una hipótesis de trabajo con grado de sospecha suficiente para profundizar la pesquisa: la presunta ruta de coimas y las posibles irregularidades alrededor de las contrataciones con las que se vio beneficiada la droguería Suizo Argentina.
Mientras, la PIA busca determinar si se favoreció a la droguería de manera irregular con compras de medicamentos. En este punto se investigan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas.
En caso de corroborar que ese entramado existió, el paso siguiente será rastrear la posible ruta de coimas.
Durante los últimos diez días, la PIA recopiló una importante cantidad de información, documentos, normativa interna de la Agencia Nacional de Discapacidad utilizada “para ciertos tipos de contrataciones” con la droguería. Si bien es un mecanismo interno que rige desde 2017, le permitió a la ANDIS realizar “una gran cantidad de contrataciones directas”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
En el último año, la ANDIS y el ministerio de Salud hicieron compras a la Suizo Argentina por 55.000 millones de pesos.