En momentos en los cuales ya se encuentra lanzada la privatización de la empresa de capitales mixtos que opera la mayor red de alta tensión de energía de la Argentina, el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei acaba de dictar una norma favoreciendo las finanzas de la sociedad con el supuesto objetivo de hacer más fácil dicho proceso.
Se trata de Transener, de donde las autoridades libertarias quieren salir poniendo a la venta las acciones de la sociedad estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) que, junto a Pampa Energia, del empresario Marcelo Mindlin, comparten la propiedad de Citelec, firma que a su vez es propietaria del 51% de Transener, mientras que el 49% restante cotiza en la bolsa local.
Transener gestiona casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, además de otros 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (Transba S.A.).
Por salir de esta sociedad mixta que surgió de la privatización de Segba en 1993 y que hasta 2003 fue controlada por el grupo Pérez Companc, el gobierno del presidente Javier Milei espera obtener algo más de u$s200 millones.
Como marco de este proceso privatizador, recuerdan que el camino se encuentra trazado en la Resolución 1050/25 publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial del 25 de julio pasado en donde se informó la necesidad de contratar un banco del sector público para la tasación del paquete accionario estatal en Citelec S.A.
También se fija un plazo de ocho meses para concretar la venta de las acciones mediante la convocatoria a una licitación nacional e internacional.
Javier Milei busca interesados por Transener
Para hacer más atractiva la venta, el gobierno nacional viene estableciendo un sendero de normalización de las tarifas de la energía y de los valores que Transener debe aplicar para mejorar su situación financiera.
En ese sentido, el último balance correspondiente al primer semestre de este 2025 muestra una mejora en los números de Transener ya que logró ventas consolidadas por $224.255 millones, que fueron un 18,1% superiores a los $189.955 millones del mismo período del ejercicio anterior y una ganancia neta de $73.311 millones que marcó un incremento del 112,2% con respecto a los $34.543 millones del mismo período del ejercicio anterior.
De este modo, la empresa obtuvo una mejora en sus números como resultado de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios oficializados por la gestión libertaria, que le permiten mejorar su caja y presentarse más atractiva para el sector privado.
Sin embargo, la sociedad mantenía un conflicto con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por los incrementos que el organismo oficial le permitió establecer para sus tarifas que fueron del 4% a partir del 1 de febrero; del 2% a partir de marzo y del 4% desde abril pasados.
Además, llevó a cabo las audiencias públicas en el marco de la Revisión Quinquenal Tarifaria, para analizar las propuestas tarifarias presentadas por las transportistas y luego notificó modificaciones a la tasa de rentabilidad aplicable a las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución troncal.
Estableció también un cronograma de millonarias inversiones que la sociedad mixta debía cumplir durante los próximos años para sostener su nivel de calidad de servicio, además de incluir un mecanismo de actualización tarifaria mensual basado en índices de precios al consumidor (IPC) e índice de precios mayorista (IPIM).
Invertir menos
En la empresa, las medidas no fueron bien recibida y por ese motivo, el directorio envió al ENRE varios recursos de reconsideración contra las resoluciones que cambiaron el formato que son las N° 305/25 (Transener), N° 312/25 (Transba) y N° 324/25 (TIBA).
Asimismo, solicitó suspender el requerimiento de presentación de su plan de inversión que debe ejecutar en el período mayo 2025/abril 2030 hasta tanto el ENRE se expida respecto de dichos recursos.
Este pasado miércoles 20 de agosto, el Gobierno dio por terminado el conflicto mediante la publicación de una medida en el Boletín Oficial de la Nación que, en parte, acepta los reclamos de Transener y le reduce las inversiones que las empresa debe llevar a cabo.
Según la Resolución 583/2025, dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en la cual se le «perdona» a la empresa $132.000 millones del monto total de inversiones que, en un principio, se le había impuesto y que ahora quedaron en alrededor de $401.000 millones.p
A partir de la medida, el directorio de la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un plan de inversiones para el período quinquenal que se inició el pasado 1 de mayo y que debe finalizar el 1 de mayo de 2030.
El dinero deberá ser aportado mediante un cronograma que se inicia ahora y finaliza en abril del 2026 con una suma de $80.507 millones, y sigue con otros $80.281 millones entre mayo de 2026 y abril de 2027, para luego desembolsar $80.411 millones entre mayo de 2027 y abril de 2028; otros $80.303 millones entre mayo de 2028 y abril 2029, para terminar con $80.266 millones para el periodo de mayo de 2029 a abril de 2030.
Plan de privatización y reclamos razonables
De acuerdo a la medida, «el Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado – Régimen Sancionatorio’ aprobado por la Resolución ENRE N° 548/2025».
De esta forma, el Gobierno nacional «disfraza» la situación financiera de Transener al reducir los compromisos de inversión que el futuro dueño privado deberá cumplir durante los próximos cinco años a partir de entender «razonable» ciertos puntos del recurso de reconsideración que la empresa contra la Resolución del ENRE N° 305 del pasado 30 de abril.
En dicha presentación, los abogados de la sociedad abordaron aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) del período 2025-2030, impugnando distintos aspectos de la resolución que se consideraron «lesivos a sus derechos como concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión».
El principal agravio identificado por Transener fue la aplicación de un índice de actualización no representativo para el período diciembre 2023 – mayo 2025, y la consecuente distorsión de componentes fundamentales de la tarifa como los costos de inversión (CAPEX), mano de obra, operación y mantenimiento. Según la empresa, el ENRE aplicó una fórmula compuesta por el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), en un 67%, y el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un 33% que no refleja adecuadamente la composición real de los costos involucrados.
Para el caso del plan de inversiones, cuyo componente dolarizado alcanza el 80%, se aplicó un índice de 1,95, cuando según los cálculos de Transener, el valor representativo era de 1,54, «diferencia que genera un desbalance en la estructura tarifaria que impide una ejecución realista del plan».
En el caso de la mano de obra, la transportista objetó el uso del coeficiente general de actualización (IPIM/IPC), ya que este no acompaña la evolución del Índice de Salarios Privados Registrado (ISPR), que mostró un crecimiento significativamente mayor.
Señaló que la mano de obra representa el 62,14% de sus costos operativos, por lo que una actualización incorrecta de este componente «afecta gravemente la capacidad de la empresa de mantener la dotación de personal validada como óptima por el propio ENRE».
El Factor X
El recurso subraya además que la falta de correspondencia entre el índice aplicado y los costos reales vulnera el artículo 42 inciso d) de la Ley N° 24.065, que exige reflejar en la tarifa los cambios en costos ajenos al control del transportista.
Transener también cuestionó la determinación del Factor X acumulado del 4% al quinto año del período quinquenal, considerando que se encuentra fuera de los límites del artículo 8 del Contrato de Concesión, que prevé un máximo acumulado del 5% y argumentó que, al sumarse los factores aplicados en revisiones anteriores (1% en 1998 y 1% en 2017), el nuevo factor supera el tope normativo.
También cuestionó que no se hubieran tomado en cuenta los cuadros de transición e inestabilidad de los períodos tarifarios previos (2002-2024), afectados por inflación, atraso cambiario, restricciones a importaciones y congelamientos tarifarios.
Por otra parte, la transportista denunció un error técnico por parte del ENRE al haber actualizado la remuneración hasta marzo pasado en lugar de hacerlo hasta abril, dado que el nuevo cuadro tarifario comenzó a regir en mayo, «omisión que privaría a Transener de un mes completo de actualización, lo que generaría un perjuicio económico directo».
Para el ente, el recurso planteado resultó temporáneo debido a que ha sido interpuesto en plazo, pero advirtió que, con relación a la actualización que sostiene que correspondería aplicar al plan de inversiones en el periodo diciembre de 2023 a mayo de este año, «no brinda datos ni documentación de las compras a partir de las cuales realiza el cálculo por el cual considera que el 80% de las inversiones tienen un componente dolarizado».
Argumento rechazado
Con relación a su reclamo de que el precio de los activos o bienes de uso se ven afectados, no solo por el tipo de cambio, sino por variaciones de precios internos y externos, y/o por factores que afectan precios específicos, como por ejemplo el conflicto bélico en Ucrania, el ENRE consideró que el IPIM, fuertemente afectado por el tipo de cambio, «es el que mejor muestra la evolución del precio de los bienes importados».
Por eso, se rechazó el argumento de la transportista, según el cual la actualización del monto del plan de inversiones con la fórmula ponderada generaría un desbalance en la estructura tarifaria que impediría una ejecución realista del plan, debiendo aplicarse un índice compuesto en un 80% por la evolución del tipo de cambio del dólar y en un 20% del índice de precios al consumidor.
«Atento a que dicho nivel tarifario no es cuestionado, a fin de mantener dichas erogaciones en el 65% de los ingresos, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos», detalla la resolución del ENRE en la que también se califica como «importante» que esta reducción «no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria».
Del mismo modo, la norma determinó que los costos operativos para el período 2025-2030 sean de $152.114 millones hasta abril del 2026; de $151.687 millones hasta abril del 2027; de $151.932 millones hasta abril del 2028; de $151.728 millones hasta abril del 2029, y de $151.658 millones hasta abril del 2030.
«Que, a la luz del análisis técnico realizado, se hace lugar parcialmente a la solicitud realizada por la recurrente en cuanto a la reasignación interna de la remuneración aprobada por la Resolución ENRE N° 305/2025, sin modificar el nivel tarifario total ni los valores horarios establecidos en sus artículos 1 y 2», detalla la resolución oficial.
Resoluciones calcadas
La misma determinación tomó el ENRE para otras transportadoras de energía del interior, como el caso de Transba, que también había interpuesto un recurso similar al de Transener por el monto de las inversiones obligatorias que debía llevar a cabo durante los próximos cinco años.
En este sentido, el ente oficial también redujo el monto que las transportadoras provinciales deben comprometer, como en el caso de Transba cuyo plan de inversiones debe alcanzar los $146.910 millones hasta el 2030, con desembolsos anuales cercanos a los $29.390 millones.
Otro ejemplo es el de EPEN, que deberá invertir un total de $19.235 millones en los próximos cinco años, con pagos anuales cercanos a los $2.981 millones.