Este miércoles vence el plazo impuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad devuelvan al Estado 537 millones de dólares. De no hacerlo, se pondrá en marcha la ejecución de bienes en función del reglamento recientemente modificado por la Corte Suprema de Justicia.
El caso Vialidad expuso una maniobra defraudatoria que involucró la utilización del Estado para “beneficio personal” de los condenados, a través de 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz que se direccionaron a favor un único conglomerado empresarial, el que le pertenecía a Lázaro Báez. Mientras el holding se posicionaba como el principal adjudicatario de obra pública vial -sin experiencia en el rubro-, el contratista celebró varios acuerdos comerciales con Cristina Kirchner. La fuente de ingresos para todo ello fue la misma: el erario público.
El fraude ocasionado fue calificado en la sentencia de juicio como “colosal”, y representó un daño al Estado de 85.000 millones de pesos, según la cifra a la que se arribó en diciembre de 2022 cuando el TOF 2 firmó la condena. Es por ese fraude que ahora deben responder los acusados: no sólo con la privación de la libertad, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, sino también con la restitución de aquello que robaron.
La actualización de aquel monto, realizada por peritos luego de que la sentencia del TOF 2 quedó firme hace dos meses, es de 684.990.350.139,86 pesos.
Un detalle. Al perito que asumió en representación de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain, la cuenta le dio menos aún que la cifra de base: 42.494.357.845,17 pesos. Desde luego ese cálculo fue descartado.
Con la cifra oficializada, el juez que ejecuta la pena inició el proceso de recupero del dinero, que expone la envergadura de la maniobra de corrupción que le significó a la ex presidenta, su primera condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia, a seis años de prisión.
¿Y si nadie deposita?
Si Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás acusados no cumplen este miércoles con lo ordenado por el juez Gorini, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes embargados en el marco de este expediente, hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso del caso Vialidad.
Junto con la intimación del pago, Gorini ordenó ampliar el monto de los embargos sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.
La fortuna de Cristina Kirchner
Como contó Clarín, hay una discusión alrededor del patrimonio de Cristina Kirchner. La última declaración jurada mostró una fortuna sólo de 250 millones de pesos. No posee bienes inmuebles, ni participaciones accionarias de los hoteles e inmobiliaria de la familia, ya que en 2016 realizó una donación de su patrimonio, en partes iguales, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Aquel acervo patrimonial incluye 25 propiedades (casas, terrenos, locales comerciales, hoteles), tres empresas (Hotesur SA, Los Sauces SA y Co.Ma. SA) un vehículo y depósitos en dólares producto de los quince plazos fijos que heredó la ex Presidenta tras la sucesión de Néstor Kirchner.
Ante este caso que muchos consideran inédito, una fuente judicial con años en Comodoro Py explicó: “Para que un bien en materia penal sea susceptible de decomiso, tiene que estar libre de todo gravamen. Si la donación en este caso fuera cuestionada, esto podría llegar a tener consecuencias. Pero si el bien ingresa en el patrimonio de otra persona y eso se consolida y es válido, ya pasa a ser un bien de esa persona”.
En ese mismo sentido, fuentes allegadas al caso entienden que en el caso puntual de Cristina Kirchner, “ya no se trata del bien donado por la ex mandataria, sino que es el bien de la persona -en este caso sus hijos- a quienes se les donó todo”.
Sin embargo, otra parte de la biblioteca en Comodoro Py considera que los bienes de Cristina Kirchner donados a sus hijos “son decomisables, al menos el 50% que donó es decomisable. Además se trató de una donación a título gratuito, con lo cual podría ser alcanzable por una ejecución de bienes”.
Bajo ese mismo criterio, otra fuente judicial se refirió a este tipo de donación como un “título imperfecto”, es decir: “Una donación de estas características puede ser cuestionada por su naturaleza, en este caso porque se concretó previo a la denuncia y a las medidas cautelares dictadas, por eso es un título imperfecto y tranquilamente pueden ser alcanzados por el decomiso”.