El Gobierno buscó “limpiar” el balance de AySA previo a su privatización, mejorando los ingresos por ventas del servicio y achicando gastos sin realizar obras de saneamiento. Los tarifazos fueron una pieza clave en este esquema, y un comportamiento similar se exhibió durante la privatización en los años 90, con aumento real de las tarifas de un 88 por ciento.
Para lograr mejorar el resultado económico de AySA el Gobierno cambió la composición del gasto y del ingreso de la empresa, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Por el lado de los ingresos: se aumentaron las tarifas “40 por ciento en términos reales”, aunque esto no redundó en un aumento de los ingresos totales “porque cayó lo recibido por créditos internacionales dedicados a obras de agua y cloacas y las transferencias enviadas por la Administración Central”. Solo mejoraron los ingresos por la venta del servicio.
En tanto los gastos totales cayeron, sobre todo, por una disminución de lo pagado en remuneraciones “que se explica por una caída del salario real y por los 1.578 trabajadores despedidos”, y la suspensión de obras de saneamiento, afirma el IAG. En cambio, “aumentó el gasto a cuenta de pago adelantado de deuda que tenía la empresa y que vencía recién en 2026”.
Esta administración de los recursos y las erogaciones muestra un “Limpiar para vender”, sostienen desde el Instituto.
Durante la gestión privada de la empresa francesa Suez entre 1993 y 2006, AySA (ex Aguas Argentinas) incumplió sus promesas de inversión: “ejecutó solo el 50 por ciento del presupuesto comprometido en una década y priorizó zonas rentables, dejando estancada la cobertura en barrios populares”, sostiene el informe.
“Las tarifas subieron un 88% real y la calidad del agua registró episodios de contaminación, mientras la cobertura de cloacas apenas creció del 53 al 62 por ciento”, afirman desde IAG.
Tras la rescisión del contrato y la reestatización en 2006, “el Estado invirtió 13.400 millones de dólares, elevó la cobertura de agua potable del 76 al 85,8 por ciento y la de cloacas del 57 al 72 por ciento, priorizando barrios vulnerables y manteniendo una de las tarifas más bajas de la región”.
La gestión pública potenció las inversiones que habían sido relegadas por el grupo francés en los 90. No solo se amplió la cobertura del servicio de agua potable y cloacas sino que se invirtió en obras en las plantas de tratamiento de efluentes y en ingeniería ambiental.
En el DNU 493/2025 que habilita una nueva privatización, el presidente Milei habilitó los cortes de agua por falta de pago y revisiones tarifarias trimestrales, trasladando el servicio de un derecho social a una lógica de mercado.