Una iniciativa presentada por la diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) busca introducir profundos cambios en el sistema de matriculación obligatoria vigente para distintas profesiones. El proyecto propone sustituir la afiliación a colegios o consejos profesionales por un Registro Nacional gratuito, lo que eliminaría cuotas, tasas o contribuciones como condición para ejercer.
Desde distintos partidos presentaron distintas iniciativas en este sentido durante el último tiempo, como por ejemplo, para desregular el sector inmobiliario y el trabajo que en la actualidad solo pueden realizar los escribanos.
Un cambio de paradigma en el sistema de habilitación profesional
La propuesta legislativa, registrada bajo el número 1677-D-2025, no contempla la eliminación de los colegios o asociaciones profesionales existentes. Sin embargo, plantea una transformación en su rol: dejarían de tener carácter obligatorio para pasar a ser espacios voluntarios de participación profesional, sin autoridad para impedir el ejercicio a quienes no estén afiliados ni paguen cuotas.
El objetivo central, según el texto, es desregular el ejercicio profesional en todo el país, suprimiendo pagos obligatorios como tasas regulatorias o cuotas colegiadas. El espíritu de la medida apunta a «garantizar la igualdad de oportunidades», permitiendo ejercer sin trabas económicas en cualquier jurisdicción argentina.
Creación de un Registro Nacional habilitante
Como pieza clave, el proyecto propone la creación del Registro Nacional de Profesionales Universitarios y No Universitarios, que dependerá del Ministerio de Capital Humano. La inscripción en este registro, según la iniciativa, será gratuita y habilitante, reemplazando la tradicional matrícula exigida por entidades intermedias como colegios, consejos o asociaciones.
La inscripción otorgará al profesional la habilitación para trabajar en todo el país, sin necesidad de realizar gestiones adicionales en distintas provincias ni de pagar aranceles para matricularse localmente.
Participación de los colegios: voluntaria y complementaria
La iniciativa contempla que los colegios profesionales transfieran sus registros al nuevo sistema nacional. Estos organismos podrán suscribir convenios con el Ministerio de Capital Humano para actuar como sedes operativas del registro, siempre que cumplan con determinados requisitos técnicos y éticos, como la protección de los datos personales de los inscriptos.
En este nuevo esquema, los colegios y asociaciones profesionales conservarían una función complementaria y optativa, sin poder disciplinario ni exclusividad para habilitar el ejercicio profesional.
Plazo de adecuación y normativa provincial
En caso de aprobarse la ley, los organismos de matriculación actuales tendrán un plazo de 120 días para adecuarse a las nuevas disposiciones. Este período será clave para formalizar la transferencia de información y, en su caso, los convenios operativos. La autoridad de aplicación podrá imponer sanciones en caso de incumplimiento, aunque estas se definirán en la reglamentación posterior.
El proyecto reconoce que muchas de estas entidades están reguladas por leyes provinciales, por lo que invita expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas similares, con el fin de garantizar un régimen uniforme a nivel nacional.
Excepción para profesionales de la salud nuclear
Uno de los artículos incluye una excepción específica para profesionales de la salud que trabajan en el ámbito de la medicina nuclear. Estos trabajadores quedarían exentos de la tasa regulatoria prevista en la Ley 24.804, que en enero de 2025 ascendía a $45.000 para técnicos.
Según los fundamentos del proyecto, este grupo ya enfrenta condiciones de trabajo insalubres por el manejo de material radiactivo, y además debe pagar un permiso costoso para ejercer. El texto señala que exigir un pago adicional es «injusto y desproporcionado», ya que su labor es fundamental para diagnósticos y tratamientos complejos como el cáncer. Además, advierte que sin ese permiso los laboratorios no les proveen insumos, lo cual perjudica tanto a los trabajadores como a los pacientes.
Fundamentos: una barrera económica para jóvenes profesionales
Entre los principales argumentos de la diputada Pagano, se destaca la preocupación por el impacto económico que tienen las matrículas sobre quienes recién egresan o atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
A su juicio, «no se puede seguir permitiendo que el ejercicio profesional esté condicionado por el pago de matrículas caras o tasas injustificadas», y remarcó que sectores como el de la salud requieren un acceso más libre y menos costoso para ejercer.
Rechazo institucional desde el Colegio de Abogacía
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó su oposición a la iniciativa mediante un comunicado institucional. Desde esa entidad se sostiene que la propuesta «desnaturaliza el ejercicio profesional» y representa una intromisión inconstitucional en las facultades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las objeciones, el CPACF menciona que la liberación de la matrícula implicaría la eliminación de los regímenes disciplinarios y arancelarios establecidos por ley, lo que –según advierten– «desprotege a los justiciables» y «afecta severamente el sistema jurídico vigente».