El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó en la madrugada de este viernes 18 de julio de 2025 en la Corte de Apelaciones de Nueva York un recurso conocido como amicus curiae en apoyo al pedido de suspensión del fallo que obliga al país entregar las acciones de YPF, y esgrimió una serie de consideraciones. Así lo amplía en sus redes el especialista de Latam Advisors, Sebastián Marill.
Entre las consideraciones que esgrimen para presentar el recurso, destacaron que «Estados Unidos tiene un interés diplomático en cuestiones planteadas en la apelación».
También señalaron que «los bienes de los Estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta frente a medidas de ejecución (FSIA)«, y también se basaron en el argumento nacional de que nuestro país podría perder el control de la petrolera. «Argentina sostiene que, sin una suspensión, podría sufrir un daño irreparable», adujeron. Y agregaron que «una suspensión mientras dure la apelación no perjudicará a los demandantes».
En efecto, el documento, el gobierno de Donald Trump basa su postura en principios de política exterior y relaciones internacionales. En ese sentido, la administración americana muestra interés en la aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976 («FSIA») y el derecho consuetudinario federal.
En ese marco, el documento explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución. La FSIA creó excepciones limitadas para «propiedad en los Estados Unidos de un estado extranjero», pero no eliminó la inmunidad para la propiedad extranjera ubicada fuera de Estados Unidos.
En consecuencia, concluyó que la orden del tribunal de distrito es inconsistente con estos principios. Recordó además que “otras decisiones de tribunales de apelaciones han requerido que la propiedad de un estado extranjero esté en Estados Unidos para que pueda ser ejecutada”.
“La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA o los principios de inmunidad soberana”, señaló el gobierno de Estados Unidos.
En esa línea, expresó que el “Congreso del país no indicó una intención de eliminar la inmunidad para la propiedad de estados extranjeros fuera de Estados Unidos al promulgar la FSIA”.
Añadió que “la FSIA debe interpretarse de manera consistente con el derecho internacional consuetudinario, que generalmente prohíbe la jurisdicción de ejecución en el territorio de otro estado sin su consentimiento”.
“Una interpretación contraria resultaría en que la propiedad extranjera en su propio territorio tendría menos protección que la propiedad en Estados Unidos”, remarcó el documento.
Qué dijeron los beneficiarios del fallo por el juicio de YPF
En tanto, los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera en caso de obtenerlas como parte del cobro, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación. Esta madrugada se conoció que los beneficiarios de la sentencia de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones con acciones de la petrolera, presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía.
Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el tema. El analista de Latam Advisors precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.
De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar US$16.000 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.
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Argentina apeló y el caso está en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera.
Los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Consideran que, si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil ejecutar el fallo.
Indicaron que, si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado.
La Corte de Apelaciones debe resolver si Argentina puede continuar con la apelación sin garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.
Por otro lado, desde el gobierno confirmaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó a la Argentina en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio.
Este nuevo apoyo se suma al que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando presentó una declaración ante la jueza Preska en defensa de la posición argentina contraria a la entrega de las acciones.
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