El Gobierno Nacional anunció este viernes el inicio del proceso para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de hacerse de los dólares que necesita de manera urgente para recuperar reservas. La entrega de un recurso estratégico, que abastece a 15 millones de personas, en manos privadas abre un gran interrogante sobre el precio de las tarifas y sobre qué pasará con los usuarios en mora. La ex Obras Sanitarias fue un caso emblemático de mala praxis tras su privatización de en los años´90, con tarifazos y falta de inversiones, que impidieron a gran parte de la población el acceso a este servicio esencial para la vida. El fracaso de la concesión menemista motivó la reestatización de la empresa durante en gobierno Néstor Kirchner, período en el que se realizaron obras fundamentales para garantizar la disponibilidad de agua potable y cloacas a 2,3 millones de habitantes.
El esquema vigente tiene a la empresa como concesionaria y operadora de los servicios y al Estado como dueño de los activos y la infraestructura. Luego de la privatización comandada por el equipo económico no sólo la gestión sino el patrimonio pasará a manos privada: algo pocas veces visto en estos procesos.
Entre las polémicas, según trascendidos, la decisión de la Libertad Avanza incluye la posibilidad de que se pueda proceder al corte de servicio a residenciales en mora, se apliquen ajustes trimestrales en las tarifas en base a la inflación y que las obras necesarias sean financiadas por los usuarios en sus boletas finales.
Con este combo de facilidades operativas la administración libertaria busca garantizar pronto un comprador, porque considera elevados los costos de mantenimiento de AySA y también los requerimientos para obras de infraestructura (que se ponen en dudas bajo una nueva gestión privada).
«Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio», advirtió el abogado Pablo Serdán.
La iniciativa fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, donde adelantó que “se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90 por ciento de las acciones de la empresa”, proceso que prevén durará alrededor de un año. El 10 por ciento restante quedará en poder de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada, que le garantiza al gremio del sector una silla en el Directorio de la empresa.
El funcionario explicó además que la privatización se producirá a partir de un formato mixto, “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial [en la Bolsa de Comercio] para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.
La primera privatización del agua
La empresa encargada de los servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Capital Federal y 26 partidos del Gran Buenos Aires fue privatizada en 1993, cuando tenía un alcance territorial mucho más pequeño. El francés Grupo Suez quedó a cargo de la concesión y, poco después, en 1994, el Gobierno le otorgó un permiso de revisión tarifaria “extraordinaria”. En 1997 se renegoció el contrato posibilitando la dolarización de las tarifas y la implementación de una revisión tarifaria anual. Todas estas recomposiciones cargadas sobre los usuarios permitieron a la empresa obtener una rentabilidad altísima que jamás volvió bajo la forma de inversiones que mejoraran el servicio. Las obras nunca llegaron aunque el contrato firmado estipulaba que, para cuando venciera el acuerdo, debía estar garantizado el acceso a agua potable en el ciento por ciento de los hogares en el área de concesión.
Según afirmó a PáginaI12 Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), “Aguas Argentinas abastecía a la Capital trayendo agua del Río de la Plata –en lugar de hacer obras para extraer aguas de las napas-, y esto llenaba el acuífero del Riachuelo hasta taparlo y contaminarlo. La presencia de nitrato y nitrito en el agua en varias localidades fue uno de los factores que obligaron a la empresa concesionaria a rescindir su contrato”. En los 90´también había problemas de presión en el agua y eran reiterados los cortes del servicio. Obras Sanitarias no contaba con tecnológica en materia de tratamiento de los efluentes, contaminamos por la creciente polución industrial, no llegaba a atender la demanda en los meses estivales y el deterioro en la calidad del agua entregada era evidente.
La historia de esta empresa cambió a partir de 2006, cuando fue estatizada y pasó a denominarse AySa, con la gestión de gobierno de Néstor Kirchner. En este período se realizó un enorme plan de obras, que incluyó la construcción de la planta potabilizadora de Berazategui y la extensión del servicio hacia los partidos del conurbano. La decisión permitió alcanzar una cobertura del 83 por ciento en el abastecimiento de agua potable y del 63 por ciento en servicio de desagües cloacales. En siete años, se invirtieron 25 mil millones de pesos y se ampliaron las obras a 2,3 millones de personas que no tenían servicio ni cloacas, y se redujeron las interrupciones en el suministro.
Para Bassano, “no hay una posibilidad cierta que la privatización de este servicio pueda resultar beneficiosa para los consumidores porque ante todo debe ser un buen negocio para el privado. Esto generará un encarecimiento brutal de las tarifas, sin que represente una mejora en lo que es un servicio esencial para la vida de las personas. Una empresa privada necesita garantizarse rentabilidad, y mucho más ahora que en la década del 90´cuando había mayor liquidez internacional. Hoy la inversión está parada en el mundo y hay que hacer un gran esfuerzo para cautivar a los empresarios”.
El destino de los usuarios
Por el momento, el Gobierno no brindó oficialmente detalles sobre cuál será el cuadro tarifario y cómo se gestionarán las deudas existentes de los usuarios una vez que la firma pase a manos privadas. Esta es una de las principales incógnitas que se abre para miles de familias tras la decisión oficial. Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó a PáginaI12 que “el Estado se quiere desligar de todo el dinero que tiene que poner para mantener el servicio –que es esencial- y que sea la gente la que financie la ecuación económica y financiera a las empresas”. Las boletas de AySA vienen aumentando por encima de la inflación pero la recuperación de morosos con ejecución de la vivienda es una práctica que no se viene dando, “eso es algo que va a cambiar en adelante y también los planes de pago en las oficinas de AySA para quienes tienen tarifa social”, agrega.
AySA es la única empresa estatal que viene aumentando el costo del servicio todos los meses, aunque en alguna ocasión el Ministerio de Economía dispuso un retraso para aminorar el impacto sobre el índice de precios. Las boletas aumentan mes a mes en función de un coeficiente que toma en cuenta la inflación mayorista, minorista y los salarios. Y, según fuentes oficiales, en agosto se definiría una nueva revisión tarifaria. La empresa otorga además el beneficio de la tarifa social y comunitaria, y mantiene un subsidio del 15 por ciento para los zonales bajos (segmento que representa al 40 por ciento de sus clientes).
Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, a cargo de la UBA y el Conicet, expuso que en 2024 las boletas de AySA se incrementaron un 331 por ciento. Es decir se cuadruplicaron en tan solo un año. La motosierra libertaria en AySA también cerró varias delegaciones de atención al público ubicadas en el Gran Buenos Aires, que fueron reemplazadas por un sistema de oficina virtual. “Y hablamos solamente de los costos de operación y mantenimiento del servicio, estos van a presentar mayores aumentos pero no habrá obras para la extensión del servicio o el mantenimiento de la infraestructura, tan necesaria para la buena presión del agua en barrios donde hay carencias”, advierte Boada.