El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el fallo del juez Roberto Gallardo, que había ordenado a las Fuerzas de Seguridad que dependen de Nación no intervenir en la custodia de la movilización de jubilados prevista para este miércoles 9 de abril, y anunció que ya apeló la medida.
Así se sumó al rechazo que también efectuó el propio Ministerio de Seguridad nacional, que denunció a Gallardo por “mal desempeño”. En los hechos, la decisión de Gallardo implica que la cartera que dirige Patricia Bullrich no podrá aplicar el protocolo antipiquetes
A través de la Procuración General, Ciudad presentó una apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación que tendrá lugar en el Congreso.
“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Gallardo, al frente del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había hecho lugar durante el lunes a un amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) con el objeto de que la Justicia ordene que las Fuerzas de Seguridad Federales se abstengan de intervenir en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, la acción incluyó como objetivo que las medidas cautelares urgentes abarquen “intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” del miércoles, un día antes del paro general. Esto implicaría que solo podrá intervenir la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
Según el recurso presentado a nombre de la Ciudad por el Dr. Agustín Luzzi , la medida precautoria dictada es «improcedente». El magistrado señala “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal» y que «afecta la división de poderes”.
«El Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad», agregó el GCBA en un comunicado
La apelación sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad.
«Afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad», agregó.
Ayer, el Ministerio de Seguridad nacional había rechazado la medida y pidió investigar al juez Gallardo. Para Fernando Soto, quien representa al Ministerio de Seguridad, el pedido de la CGT, la UTEP y la UEJN «no se basó en un caso concreto ni en sucesos pasados, ni en un hecho controvertido, sino en una situación futura e hipotética».
Agregaron además que «se trataba de un planteo abstracto, basado en noticias periodísticas y sin una afectación concreta, inmediata y específica de derechos». Soto destacó también la posición de la fiscalía en el caso, que sostuvo que “cualquier intervención judicial durante el turno resultaría palmariamente indebida e, incluso, podría constituir un abuso del sistema”.
En la denuncia presentada por Seguridad, plantearon que Gallardo no tuvo en cuenta ninguna de estas cuestiones a la hora de resolver. «El Juez asumió su jurisdicción y competencia en ‘tiempo récord’. Y lo hizo así porque era el único modo a través del cual podía justificar su intervención», indicaron en el escrito.