El exdictador Evo Morales respondió con indignación a las declaraciones de su exvicepresidente, Álvaro García Linera. La ex autoridad masista reveló que durante su gestión se presionó a los empresarios para que trajeran dólares al país.
Morales negó enfáticamente estas acusaciones y sostuvo que su administración nunca actuó con coacción. «Nunca agarramos del cogote o del cuello a los empresarios. Nunca quitamos empresas», aseguró en su programa radial.
El líder cocalero destacó que su gobierno logró liquidez de dólares gracias a las nacionalizaciones, se coordinó con el sector privado. «Queremos empresarios grandes, no enanos», señaló. También mencionó que les pedía adjudicarse obras para que las utilidades se quedaran en Bolivia.
Sin embargo, el exvicepresidente García Linera presentó una versión diferente en una conferencia en Argentina. Según él, en 2006 el Estado tenía el monopolio de los dólares y podía regular su precio. Actualmente, indicó que las reservas están en manos de empresarios privados que mantienen el 90% de sus divisas en el exterior.
«Si el Estado ya no tiene dólares, ¿qué haces como gobierno? Lo agarras del cuello a los privados y les exiges sus dólares o les quitas sus empresas. Lo hicimos nosotros en 2006″, declaró García Linera. Sus palabras desataron un fuerte debate en la esfera política en el país.
El exmandatario Morales rechazó tajantemente esta afirmación y dejó entrever que su excompañero de fórmula busca dañar su imagen. «No sé si Álvaro hace estas declaraciones para arruinarnos», expresó. También insistió en que su administración nunca aplicó presiones indebidas sobre el sector privado.
Las declaraciones de García Linera generaron reacciones inmediatas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuestionó su postura y recordó que, cuando fue vicepresidente, no aplicó una medida similar.
«Es fácil dar consejos desde Argentina», comentó. Destacó que el gobierno actual ha optado por acuerdos con exportadores para mejorar el flujo de divisas. Sin embargo, algunos sectores han denunciado que el gobierno les condiciona las exportaciones.
Por su parte, el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga también reaccionó con dureza. Advirtió que, de llegar al poder, impulsará una investigación para recuperar los fondos que, según él, Morales y García Linera desviaron. «En lugar de hablar de agarrar del cuello a los exportadores, deberían poner sus cogotes a buen recaudo», sentenció.
Quiroga adelantó que propondrá una ley para que los implicados en corrupción devuelvan el dinero estatal. «Les daremos tres a cuatro meses para sincerarse y revelar cuánto robaron.«, anunció. Su postura fue respaldada por sectores de oposición que exigen cuentas al gobierno del MAS.
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| La Derecha Diario
El analista Paul Antonio Coca también criticó a García Linera. Afirmó que sus declaraciones reflejan una falta de conocimiento sobre la realidad empresarial. «Cuando nunca hiciste empresa ni arriesgaste tu propio dinero, surgen este tipo de comentarios«, señaló en sus redes sociales.
Otros actores políticos también se sumaron al debate. La expresidenta Jeanine Áñez recordó el historial de García Linera y lo acusó de haber participado en corrupción junto a Morales. «Ahora vuelve con sus tropelías para seguir robando a quienes generan trabajo», afirmó.
Mientras tanto, el empresario Branko Marinkovic arremetió contra el modelo económico propuesto por García Linera. «Ellos viven del esfuerzo ajeno y destruyen a quienes producen. En vez de ajustar el despilfarro estatal, proponen exprimir al sector productivo«, comentó en sus redes.
La diputada Elena Pachachute exigió que García Linera explique el destino del dinero de la nacionalización. «Antes de hablar de exprimir a los empresarios, debería rendir cuentas sobre los recursos que manejó», señaló.
Las declaraciones de García Linera exponen las prácticas autoritarias que marcaron el gobierno de Evo Morales. También evidencian la manera en que las ex autoridades las reivindican sin reparo. Justificar la presión extrema sobre el sector privado y la concentración del poder económico en manos del Estado refleja una visión que prioriza el control político por encima del desarrollo sostenible.