Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reafirmaron la declaración de emergencia salarial para su personal docente y no docente, una medida adoptada por unanimidad.
El Consejo Superior de la institución explicó que esta decisión responde a la significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que disminuyeron casi un 50% en el último año y continuaron en descenso durante los primeros meses de 2025.
Asimismo, la universidad instó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía a convocar reuniones paritarias para actualizar los salarios de acuerdo con la inflación registrada.
La UBA advierte sobre el impacto de la crisis salarial en sus funciones esenciales
Según la resolución aprobada, la UBA manifestó su gran preocupación por las consecuencias que la crisis salarial genera en sus funciones fundamentales, incluyendo la enseñanza, la investigación, la extensión y las tareas asistenciales.
El documento firmado por las autoridades universitarias ilustró la situación con un ejemplo concreto: «Un médico residente que ingresa en un hospital universitario cobra en mano aproximadamente 900.000 pesos«, y que esa casa de altos estudios «gradúa al casi al 80% de los médicos del país y más del 90% de los odontólogos y veterinarios».
Al presentar el proyecto que ratifica la emergencia salarial, Lucille Levy, consejera superior de la UBA y expresidenta de la FUBA, resaltó la gravedad del problema y la necesidad de proteger el prestigio y la excelencia académica de la universidad.
«Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina», afirmó y subrayó la importancia de defender el prestigio y la excelencia académica de la universidad.
De acuerdo con sus declaraciones, la comunidad universitaria se encuentra preparada para movilizarse «tantas veces como sea necesario» con el objetivo de defender estos valores fundamentales.
Asimismo, la resolución subrayó la importancia de garantizar una retribución equitativa para los trabajadores docentes y no docentes, en reconocimiento a su papel fundamental en el funcionamiento de la universidad.
Alerta sobre el agravamiento en 2025
Por su parte, Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, señaló que la reducción del poder adquisitivo de los salarios fue considerable en 2024 y que la situación se ha agravado aún más en 2025. «La recomposición salarial que otorga el Gobierno es menor a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)».
En adición, el Consejo Superior de la UBA advirtió que esta crisis impacta en todos los sectores de la universidad, incluyendo a los profesionales de la salud y a quienes desempeñan funciones en investigación y extensión universitaria.
Conflicto universitario: paros, marchas y tomas ante el ajuste presupuestario
A lo largo de 2024, las universidades públicas fueron escenario de una serie de protestas y medidas de fuerza tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde comienzos de año, distintas instituciones académicas advirtieron sobre la crítica situación presupuestaria, un reclamo que en un principio no fue atendido por el Gobierno nacional y que desembocó en la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril. Uno de los ejes principales de la movilización fue la demanda de una recomposición salarial.
Tras el fracaso de nuevas negociaciones, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro los días 4 y 5 de junio, denunciando una pérdida del poder adquisitivo del 42% desde diciembre del año anterior.
La medida se anunció poco después de que los rectores universitarios informaran un acuerdo para actualizar en un 270% los gastos de funcionamiento, sin que ello incluyera mejoras salariales para los docentes.
Ante la falta de avances en la paritaria, la protesta se intensificó con otro paro el 11 y 12 de junio, que afectó a universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país. La huelga fue decidida luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera su promesa de presentar una propuesta salarial el 6 de junio.
Posteriormente, entre el 12 y el 14 de agosto, tuvo lugar una nueva medida de fuerza de 72 horas, seguida de otra los días 20 y 21 del mismo mes, en respuesta a la última oferta del Gobierno en materia de aumentos salariales.
La decisión de continuar con las protestas se tomó tras una reunión paritaria en la que participaron el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; la funcionaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi; representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios, y rectores de diversas universidades nacionales. En ese encuentro, el Gobierno presentó una oferta de incremento del 3% para agosto y del 2% para septiembre.
Días después, en rechazo a esta propuesta y en defensa del financiamiento universitario, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu) convocaron a una movilización el 12 de septiembre frente al Congreso.
El 11 de septiembre comenzó un nuevo paro de 48 horas, coincidiendo con el debate en el Senado sobre la Ley de Financiamiento Universitario, que ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y cuyo veto por parte del Ejecutivo había sido anticipado. «No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal«, sostuvo en ese momento el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Como resultado de la persistencia en los reclamos, el 2 de octubre se llevó a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria, que tuvo una fuerte repercusión en todo el país.
Días más tarde, la Cámara de Diputados decidió revisar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y logró mantener su vigencia con 84 votos a favor. En respuesta, los gremios docentes anunciaron un nuevo paro total en todas las universidades públicas del país el 10 de octubre.
La reacción ante esta decisión en la Cámara baja fue inmediata. Estudiantes organizados en centros, grupos autoconvocados y sindicatos universitarios impulsaron diversas acciones, como clases públicas, cortes de calles y cacerolazos, que culminaron con la toma de facultades y rectorados.
Durante el fin de semana largo, más de 20 universidades fueron ocupadas o registraron permanencias de activistas en sus instalaciones.
Finalmente, el 17 de octubre, el plenario docente universitario resolvió llevar adelante una nueva medida de fuerza en todas las universidades nacionales, enmarcada dentro de un «plan de lucha» que también contempló la expansión de las tomas estudiantiles, con más de 40 edificios universitarios ocupados en todo el país.