La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó adelante una serie de operativos sorpresa en más de cien kioscos de todo el país para supervisar el precio de venta de cigarrillos, que tienen un valor regulado para su comercialización a los consumidores finales
Como resultado del despliegue, los agentes detectaron que en algunas marcas la distorsión que existe entre el precio de venta al consumidor y el informado por el fabricante al organismo que depende del Ministerio de Economía se ubica en el 200%.
En tanto, precisaron que si bien en las primeras marcas encontraron que en la mayoría de los productos existe una diferencia que va entre el 1% y el 20% -”margen comprendido dentro de los límites permitidos por la ley”-, llamó la atención que “en uno de los que compite en el mercado con las segundas marcas se constató una importante brecha contra el precio declarado”.
En tanto, desde la entidad que dirige Florencia Misrahi, precisaron que, “en el caso de las segundas marcas, se constató una diferencia significativa por encima de lo informado”.
En sintonía con esta operación, el organismo impositivo anunció que ya está en la instancia final la fiscalización de 43 distribuidoras intermediarias en la compra y venta de cigarrillos, dentro de las que se constató que “más del 85% son contribuyentes apócrifos o de cartón y fueron utilizadas por algunos fabricantes para llevar a cabo maniobras con el precio de venta y evadir los impuestos.
“Como resultado de los controles se logró una mejora en la recaudación del sector sin perjuicio de lo cual se continúan profundizando las tareas de control”, expresaron desde AFIP en un comunicado que difundieron este jueves.
En ese sentido, explicaron también que este tipo de “acciones de control sobre el sector de manufactura del tabaco” se corresponden con “las modificaciones introducidas por la reglamentación de la Ley de Bases la Dirección General Impositiva”.
En una acción similar ocurrida en mayo, la AFIP dispuso de control con el objetivo de desarticular “potenciales maniobras de fraude” en la cadena de comercialización de la industria vitivinícola. Los procedimientos de fiscalización se hicieron sobre 16 bodegas, 42 distribuidoras de vino y 15 establecimientos dedicados al enoturismo, ubicados en Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta, Córdoba, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Según comunicó el organismo, el operativo -impulsado a través de la Dirección General Impositiva y con la participación efectivos de las fuerzas de seguridad- estuvo orientado a detectar inconsistencias en la cadena de comercialización como subfacturación u omisión de ingresos o ventas y detección de personal no declarado.
En consecuencia, se hicieron actuaciones en bodegas de Mendoza, donde encontraron 6.500.000 litros de vino en elaboración y 95.000 litros de mosto, de los que el establecimiento visitado “no podía justificar el origen ni trazabilidad”.
LA NACION
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