A través de la resolución 918/2024 publicada en el Boletín Oficial este lunes a la madrugada, el Gobierno decidió establecer que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dejará de pagar aquellas prestaciones y asignaciones a personas que transcurran más de 90 días consecutivos fuera del país.
Según se desprende de la normativa de la resolución, que lleva la firma del titular de Anses, Mariano de los Heros, se trata de una medida que busca “ejercer el control de las prestaciones no contributivas de la seguridad social y en las asignaciones que administra el organismo en aquellas que establecen el requisito de residencia en el país para su obtención y/o percepción, sin fijar un plazo específico de permanencia”.
Por eso, con el afán de cumplir ese requisito, y hacerlo valer, quienes no lo cumplan y cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior al de 90 días corridos se “procederá a la suspensión de la prestación correspondiente”.
La información sobre la salida y el regreso al país en ese plazo, será trazada mediante la utilización de las distintas bases de datos Anses y aquella remitida por la Dirección Nacional de Migraciones, “en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos”.
En ese sentido, en el artículo tercero de la resolución se explicita que una vez validado el incumplimiento, se dará la baja de la prestación hasta “tanto la persona titular solicite la activación del mismo y se demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país”.
Sin embargo aclara, que la restitución será solo para aquellas prestaciones que no impliquen que, dicho incumplimiento, se traduzca en la pérdida completa del derecho. En ese caso, se dará de baja y no se reincorporará.
La norma se entiende en el marco de las regulaciones que la administración de Javier Milei empezó a implementar desde la llegada a la Casa Rosada. A través de diferentes auditorias solicitadas por el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, en los meses de verano se estimó que alrededor de 120.000 beneficiarios de planes sociales viajaron al exterior entre 2020 y 2023. En especial del Plan Potenciar Trabajo. La denuncia quedó en manos de la Justicia, para dar de baja a esos usuarios y analizar caso por caso.
Además, cabe recordar, que en el mes de mayo, la Justicia pidió a la ministra de Capital Humano, la baja de 2954 beneficiarios que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pero que viven en el extranjero porque los beneficiarios se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años, sin condiciones de acceder a una jubilación, pero salieron del país y no registran un regreso. La normativa establece que los beneficiarios del PUAM no pueden estar fuera del país más de 60 días.
LA NACION
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