Tras dos años de negociaciones, el gobierno de Javier Milei anunció que Argentina y Paraguay pusieron fin finalmente a sus desacuerdos sobre el peaje en la Hidrovía Paraná -Paraguay, en el tramo Santa Fé-Confluencia.
Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien hizo referencia a ello este viernes durante su conferencia de prensa matinal. Y si bien desde Paraguay, todavía no dieron opinión sobre el asunto, trascendió que habrían aceptado pagar un peaje cuando antes lo rechazaban, pero este será menor al que impuso el gobierno de Alberto Fernández desatando una batalla descomunal con los vecinos.
Técnicamente entonces, será aplicada una Tasa Retributiva de Servicios en el Tramo Santa Fé-Confluencia del río Paraná”.
“Quiero comunicarles que en relación al conflicto por la tasa retributiva por el uso de la Hidrovía, se acaba de firmar un acta de acuerdo entre la Administración General de Puertos de Argentina (la AGP) y las dos cámaras de Paraguay, la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos y la Comisión Permanente de Transporte de Cuenca del Plata, y como es muy muy reciente, de esto, luego se les va a hacer llegar la información con los detalles correspondientes del acuerdo,” dijo Adorni sobre un acuerdo al que pudo tener acceso Clarín aunque falta la oficialización por parte de la AGP.
Fueron meses de duras negociaciones que finalmente plasmaron un “entendimiento” por el cual la Argentina seguirá cobrando peaje pero ya no será de 1.47 dólares como se cobrara hasta ahora la tonelada registro de buques, sino 1.20 dólares por tonelada de registro, y la deuda acumulada también será de 1.20 dólares por tonelada de registro.
El conflicto con Paraguay sobre la Hidrovía comenzó por los desmanejos del tema durante la administración de Fernández, que nacionalizó el cobro de la misma a través de la AGP. En septiembre de 2022, la entonces AGP emitió la resolución sobre el cobro de la tarifa del peaje. Y se empezó a cobrar en enero de 2023.
El momento de mayor tensión tuvo lugar a mediados del año pasado cuando el presidente Santiago Peña llegó a decir que al ex ministro de Economía Sergio Massa -candidato presidencial entonces- “probablemente no le compraría un auto usado”, a raíz de la visita que, en pleno conflicto, hizo a Asunción.
Ello enfureció a los paraguayos con Fernández, Massa, con el Canciller Santiago Cafiero y con el entonces subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, que ejercía como “canciller” del ex ministro.
El conflicto con Paraguay llegó hasta Brasil, Bolivia y Uruguay, que hicieron causa común contra la Argentina ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), en donde nuestro país se vió acorralado por sus cuatro socios.
Bajo la cancillería de Diana Mondino, las negociaciones quedaron en manos del vicecanciller Leopoldo Sahores y del Subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara junto al interventor de la AGP, Gastón Benvenuto que lidiaban con la negativa de los sectores privados de toda la región a pagar peaje. Pero las negociaciones se hicieron bajo el axioma del “déficit fiscal cero” de Milei, y entonces había que seguir pagando.
Mientras tanto se conocieron varios decretos con el nuevo curso de la Hidrovía cuyo control se le fue restituido a la Subsecretaría de Vías Navegables, y el peaje lo empezarán a cobrar las empresas que ganen la licitación de la concesión de los dragados, mantenimiento y logística. Mientras tanto lo sigue haciendo la AGP.
Lo que primero hicieron los diplomáticos fue conseguir respaldo uruguayo a partir de una negociación por la que la Argentina autorizó a Uruguay a dragar más profundamente el canal de acceso al puerto de Montevideo, que estaba parada en la CARP desde hacía más de diez años.
Después se negoció con Brasil, que está en la presidencia pro tempore del CIH, una tregua hasta tanto se pusiera la situación en orden y propuso a Paraguay que las conversaciones se llevaran adelante en el ámbito privado, tutelado por las cancillerías pero sin interferencias impropias que desnaturalizaran. Argentina tiene potestad de cobrar un peaje por las obras realizadas en su territorio (el río Paraná) y la voluntad de pago de los privados y usuarios del servicio.
Por su parte, supo este diario que Benvenuto, el interventor de la AGP fue quien llevó la negociación con las dos grandes cámaras fluviales de la región, que nombró Adorni: la CAFYM paraguaya y el CTPCP que tiene sede en Montevideo y engloba a los grandes transportistas internacionales que operan en la región.
Paralelamente se tomó la decisión política de mantener la suspensión de interdicciones de navegación de los buques que no pagaban la tarifa, en una muestra de buena voluntad negociadora que al paso del tiempo se fue tornando muy difícil de sostener, ya que los buques seguían sin pagar y la deuda se incrementaba.
Finalmente, aseguraron distintas fuentes, los privados hab´rian aceptando la lógica del pago del peaje a cambio de también ser contemplados en la mesa de propuestas para mejorar una de las vías navegables más importantes del continente y la más importante para el comercio exterior de granos de Argentina y Paraguay.