Cambios en el Gobierno: echaron al secretario de Agricultura, Fernando Vilella

El Gobierno negocia con el kirchnerismo y apunta a votar en septiembre los pliegos del juez federal, Ariel Lijo, y el académico, Manuel García-Mansilla, en el Senado. El Ejecutivo intenta impulsar a ambos como ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero prepara un plan para distintos escenarios.

Según pudo saber TN, la Casa Rosada tiende puentes con la oposición ligada a Cristina Kirchner a través del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo. «Amerio se encarga de que el vínculo con Unión por la Patria llegue a buen puerto sin intermediaciones que lo traben», expresó a este medio un funcionario cercano a la mesa chica.

Por decreto, el Gobierno dio otro paso en su política de cielos abiertos, al reglamentar el acceso a los mercados aerocomerciales y modificar tres artículos del Código Aeronáutico. La desregulación del sector se formalizó a través del decreto 599, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los considerandos del decreto, se establece que la actividad aerocomercial en la Argentina debe «regirse por los principios de libre acceso a los mercados, lealtad comercial, desregulación tarifaria, estricto resguardo de la seguridad operacional y la seguridad en la aviación, vigilancia operacional continua de los servicios autorizados, el principio de unicidad del estado, la libertad contractual, celeridad, comunicación directa, dinamismo, integralidad y eficacia».

Echaron al secretario de Agricultura, Fernando Vilella, en un avance del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Vilella había llegado al cargo de la mano del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, y desde el ministerio de Economía comunicaron oficialmente que «presentó hoy la renuncia», que la dependencia «volverá a su denominación de Agricultura, Ganadería y Pesca» y que estará a cargo de Sergio Iraeta, que «se desempeñó hasta hoy como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal».

Desde Economía comunicaron que Iraeta es abogado y productor agropecuario y que «seguirá trabajando en línea con los objetivos del presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional».

Indicaron además que «el ingeniero Manuel Chiappe, quien hasta hoy se desempeñaba como jefe de asesores de la Secretaría, será el nuevo subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal», y destacaron: «El campo argentino, corazón productivo de nuestra Patria, es un pilar fundamental para la prosperidad del país y tiene todo para aportar en la recuperación de la economía. Este Gobierno está del lado de los productores rurales, y reconoce el colosal sacrifico que han hecho para engrandecer a la Nación».

La gestión que encabeza Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa está en pleno proceso de análisis de los contratos que la gestión de Cristina Kirchner firmó durante los últimos años con empresas a las que se les encargaron drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares.

Las primeras conclusiones indican que el Estado pagó millones por desarrollos o materiales que nunca recibió o que los procesos de modernización de unidades que se encargaron expresan retrasos llamativos. TN accedió a documentos que muestran que se destinaron más de $200 millones al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) que tenía como objetivo desarrollar dos prototípos de vehículos aéreos no tripulados los que no se completaron y que se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100 que no se entregaron.

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentan el proyecto para reactivar los juicios por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, a las 14.00 en Casa Rosada.

Como anticipó TN el presidente Javier Milei quiere impulsar el juicio oral y público en ausencia de los acusados por los ataques, con cambios del código Procesal Penal mediante la integración del artículo 290 bis.

En concreto el Gobierno quiere derogar la obligatoriedad de la presencialidad del imputado para poder avanzar con el proceso judicial en algunos delitos especiales, como los calificados de terrorismo, genocidio y de Lesa Humanidad.

La propuesta establece que el juez podría seguir con el juicio en ausencia luego de un plazo de doce meses desde la orden de captura internacional. El Estado le asignaría un defensor oficial al acusado a menos que haya designado uno previo a la declaración de rebeldía.

La Cámara Federal de Casación Penal determinó en abril que los ataques contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA respondieron operativamente a la República Islámica de Irán y le atribuyó la ejecución a la organización terrorista Hezbollah.

El atentado a la embajada de Israel fue el 17 de marzo de 1992, mientras que el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el 18 de julio de 1994 y provocó 85 muertes y más de 300 heridos.

Las dudas sobre cuándo se va a levantar el cepo al dólar están muy lejos de despejarse. Pese a que el Gobierno intenta enviar señales para contener la tensión de los inversores, las inquietudes aún no se disipan y ahora avanzan un paso más. A la preocupación por los tiempos y el impacto del plan oficial para el frente cambiario, se suman nuevas preguntas: ¿Llegarán dólares de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuándo?

Durante el feriado del 9 de julio, el Presidente respondió una serie de consultas de los usuarios de las redes sociales y, entre ellas, enumeró los requerimientos que -a su entender- se necesitan para eliminar las restricciones cambiarias. «Se tienen que dar tres condiciones en conjunto… Terminar con los pasivos remunerados, terminar con los puts y convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual…», indicó Milei.

El Gobierno de Javier Milei logró dos de los objetivos políticos que se planteó para la primera etapa de su gestión: la aprobación de la Ley Bases –junto al paquete fiscal- y la firma del postergado Pacto de Mayo. Pero no todos los gobernadores respondieron de manera positiva a la convocatoria del Presidente.

Incluso hubo quienes rechazaron la invitación de manera abierta, algunos por cuestiones políticas y otros adujeron cuestiones que atañen a la situación puntual de la provincia. Pero todos ellos tienen un factor común: necesitan mejorar el vínculo con Nación. El objetivo central de cada jurisdicción es obtener los recursos necesarios para hacer frente a su gestión en un contexto en el que Milei repite que «no hay plata».

Los gobernadores aliados y dialoguistas se convirtieron en una pieza clave para que Javier Milei consiga su primera victoria legislativa, pero también fueron los que le dieron un fuerte respaldo al Pacto de Mayo, al firmar los diez puntos del acuerdo para lo que el Presidente llama «la refundación de la Argentina».

«Nosotros ya cumplimos, ya acompañamos, ahora le toca hacer al Presidente». «Hay que darle tiempo para que demuestre qué puede hacer con todo el apoyo y las herramientas que se le dieron». «Ya se firmó el Pacto, ahora el Gobierno tiene que mover», son algunas de las frases coincidentes entre los 18 gobernadores que firmaron este martes el Acta de Mayo.