El Gobierno trabaja a todo vapor para promulgar la Ley Bases y la ley fiscal con el objetivo de reglamentar, prioritariamente, el capítulo tributario de las normas. La urgencia número uno de la Casa Rosada es poner en marcha el nuevo impuesto a las ganancias, con el cambio en las escalas y la restitución de la cuarta categoría, que afectará a más de 800.000 trabajadores. Altas fuentes oficiales estimaron que ese tramo de las leyes estaría reglamentado dentro de diez días, a mediados de este mes. Aún así, todavía no está confirmado si el gravamen impactará sobre los sueldos de julio o recién sobre los de agosto. Depende de lo que se defina en la letra chica de la reglamentación y de que la AFIP llegue a adaptar sus sistemas y aplicativos.
Cerca de Javier Milei dijeron a LA NACION que “la idea es que [el nuevo impuesto] impacte sobre los sueldos de julio que se cobran en agosto”. Un alto funcionario de la Casa Rosada que está muy al tanto de los aspectos técnicos aportó: “La implementación en realidad depende de los tiempos de la AFIP. Hoy trabajamos para promulgar las leyes el próximo lunes y para reglamentar ganancias, Bienes Personales y el blanqueo a mediados de este mes”.
En el Ministerio de Economía, no obstante, todavía son cautelosos con respecto a los meses que quedarán alcanzados por Ganancias. “La ley dice que la reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes y la forma de cálculo. Hay que esperar a la reglamentación”, dijeron en la cartera que lidera de Luis Caputo.
Luego de que fueran sancionadas las primeras leyes de la era Milei, el Gobierno tiene como prioridad robustecer la recaudación y trabaja a toda prisa para poner en marcha el nuevo impuesto a los ingresos. Sin embargo, todavía hay dudas sobre la letra chica y el momento del impacto en los bolsillos. Además de Economía y la AFIP, en la Casa Rosada trabajan a contrarreloj el vicejefe ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal.
Según trascendió, hay trabajadores del organismo recaudador que están haciendo horas extra los fines de semana. Para el cambio de régimen de Ganancias intervienen las áreas de recaudación, de sistemas, de seguridad social y de legales del organismo.
Lo que sí está confirmado es que el impuesto, aunque sea de cálculo anual, no tendrá efecto retroactivo a enero. La ley especifica que no quedarán gravadas las remuneraciones cobradas antes de la eventual aprobación de la ley.
Un especialista en materia tributaria aportó a LA NACION: “Lo que puede ocurrir, si se reglamenta la reforma durante el mes de julio, es que la primera retención (la de agosto) resulte por un importe mayor a las siguientes, ya que para su cálculo habrá que contemplar parte de lo percibido en julio”.
La reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 brutos; y los empleados casados y con dos hijos desde $2.340.000. En tanto, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%. La restitución del impuesto beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) orillará 0,43 del PBI.
El apuro del Gobierno con el tributo también tiene un costado estratégico. Tanto en el peronismo como en la CGT vienen advirtiendo que presentarán amparos ya que la restitución de la cuarta categoría del impuesto “no fue votada por las dos cámaras del Congreso”, sino solo por Diputados, con lo cual es pasible de ser “judicializada”. Es que, durante el tratamiento legislativo, el Senado votó en contra de la reforma del gravamen, pero luego Diputados, la Cámara de origen, repuso los artículos en torno al impuesto en la sanción definitiva.
El Gobierno aseguran que los planteos por inconstitucionalidad “deberían ser rechazados in limine por la Justicia”, ya que la ley fiscal fue aprobada en general por ambos cuerpos y en el trámite legislativo está previsto que la cámara de origen acepte, o no, los cambios introducidos por la cámara revisora.
Pese a la argumentación pública que esgrime el oficialismo, puertas adentro los equipos legales del Gobierno ya están en guardia. En la eventual defensa legal trabajarían el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
Según fuentes de la Casa Rosada, la intención oficial es que los planteos no recaigan en el fuero laboral, que en la gestión actual ya laudó en favor de los gremios con los amparos por la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023. Los libertarios prefieren los tribunales de Contencioso Administrativo. “Queremos que el fuero de atracción no sea el laboral”, reconoció un funcionario a este medio.
El número dos de Camioneros y miembro del triunvirato de mando de la CGT, Pablo Moyano, dijo en las últimas horas que diversos sindicatos harán una presentación judicial para que se declare inconstitucional la normativa y que también encabezará una marcha a los Tribunales en contra del nuevo impuesto a las ganancias. El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió al oficialismo: “Vamos a judicializar”. La CGT no confirmó su presencia en la firma del Pacto de Mayo que Milei convocó para el próximo lunes en Tucumán.
Un colaborador del área legal del Gobierno señaló: “Esto es materia tributaria y debe ir al fuero Contencioso, no al laboral. Y las acciones no pueden ser colectivas sino de cada contribuyente”. Hasta ahora no se radicó ningún planteo.