Para intentar apuntalar los ingresos provinciales, en los últimos días La Rioja estableció el pago de un aporte extraordinario y obligatorio para los contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sin embargo, Ricardo Quintela no fue el único gobernador que se aferró de una suba de impuestos, en tiempos donde el gobierno de Javier Milei insiste en que “No hay plata”.
Desde que arrancó el año, al menos media docena de provincias anunció una mayor carga impositiva. Las razones de fondo son la puja con Nación, que en los primeros meses del año recortó las transferencias a las provincias, cuyas finanzas ya se habían visto comprometidas por los cambios en Ganancias que impulsó Sergio Massa durante el año pasado. Solo en mayo, las provincias recibieron $71.331 millones en transferencias no automáticas, lo que implicó una caída real del 83,3% anual, de acuerdo con un análisis de Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
“La restricción de ingresos a las provincias, dada la recesión, la modificación en las retenciones de Ganancias de cuarta categoría, entre otros, generó desesperación en los fiscos provinciales. La respuesta a esta carencia será incrementar los impuestos provinciales, las alícuotas de los regímenes de recaudación, entorpecer los procesos de devolución de saldos a favor y la creación de pagos a cuenta o aportes extraordinarios, como ya se vio en la provincia de Buenos Aires y, actualmente, en La Rioja”, dijo Mariano Ghirardotti, titular del estudio contable impositivo Ghirardotti & Ghirardotti.
Para La Rioja, la solución fue establecer por ley a mediados de mayo el pago de un aporte extraordinario y obligatorio para todas aquellas personas inscriptas en Ingresos Brutos, cuyas declaraciones sean iguales o superiores a $200 millones. El aporte será equivalente a un 25% extra del impuesto sobre los ingresos brutos determinado sin deducciones, y se pagará mensualmente entre mayo y diciembre de este año. Esto le permitirá al distrito recaudar $500 millones por mes.
Otro gobernador que impulsa un aporte “extraordinario y solidario”, tal como creó el Gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de 2020, es el pampeano Sergio Ziliotto. La iniciativa tendría una vigencia de 180 días, e incrementaría las tasas de Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes con cinco propiedades o más (o una valuación fiscal total superior a $50 millones), titulares de vehículos de “alta gama” (valuados por más de $40 millones) y un aporte de los altos salarios públicos.
“Si Milei nos devuelve los $32.000 millones que son de pampeanas y pampeanos, no sería necesario que promoviéramos este aporte solidario para garantizar alimentos”, dijo el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, antes de ingresar a un plenario de la legislatura provincial para tratar el proyecto. La iniciativa sería acompañada por otra de jubilaciones anticipadas, una propuesta diametralmente opuesta a la que adopta el gobierno nacional para intentar frenar con el déficit fiscal.
“Tal como su nombre lo indica, en este caso se trata de un aporte adicional (mayor impuesto), no anticipo, como el caso de Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Dicho adicional puede volverse discutible cuando toma en consideración manifestaciones de capacidad contributiva ajenas a sus potestades territoriales, toda vez que ello constituye un inadmisible desborde de tales poderes de imposición”, consideró Claudia Pose, Socia de Impuestos, BDO en Argentina.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se las apañó con otra estrategia. A comienzos de este año, determinó un anticipo adicional del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los grandes contribuyentes con actividades en “rubros concentrados de la economía”. Este compromiso fiscal se había previsto en el artículo 136 de la Ley N° 15479 (Impositiva para el ejercicio fiscal 2024).
“Deviene imperioso contar con herramientas de gestión que le permitan a la provincia obtener los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado, responder eficazmente a las necesidades de la población y brindar los servicios que son de su competencia”, se justificó en los considerandos de la norma. El monto que tuvieron que pagar estos contribuyentes fue cuatro veces el anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023.
Los ejemplos siguen en otras jurisdicciones. En Neuquén, Rolando Figueroa aplicó vía decreto un aumento de alícuotas sobre los Ingresos Brutos para cinco actividades económicas. Lo mismo sucedió en Entre Ríos, donde subió la alícuota de Ingresos Brutos en un punto para la intermediación y servicios financieros.
En Chubut, cambió el régimen de percepción de Ingresos Brutos de “no territorial” a “territorial” (resolución 312/24). Según explicó Pose, esto significa que aplicará el tributo a cualquier compra de bienes o servicios en cuanto se esté inscripto en la provincia, sin importar dónde hayan sido entregados los productos o prestados los servicios.
Mientras que Jujuy instauró nuevos pagos a cuenta de Ingresos Brutos por la introducción de mercadería a la provincia (RG 1161/24). Esta tendencia la adoptó anteriormente Misiones, y que derivó en medidas cautelar que resultaron a favor de los contribuyentes que reclamaron la no exigibilidad, según Pose.
“Lejos de reducir el gasto y transformarse en gobiernos más austeros, las provincias están dispuestas a pagar el costo político de recaudar, confiadas en poder endilgarle dicho costo a la Nación dada la reducción de los envíos de fondos coparticipables. Sin embargo, y dependiendo de la estructura de incremento de carga fiscal elegida, los fiscos provinciales podrán sufrir planteos judiciales que intenten frenar estas nuevas pretensiones tributarias, como los ha sufrido el aporte solidario impuesto por el gobierno nacional años anteriores, con la agravante de que este antecedente no ha tenido en general una acogida favorable por la Justicia”, cerró Ghirardotti.